El coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha lamentado la “inacción” del Gobierno de Cantabria con el decreto por el que se regulan las viviendas de uso turístico, “dejando a su suerte” a la Comunidad y a los ayuntamientos.

“Hacer esto y nada es lo mismo”, critica el líder de IU. “O aún peor, porque además de no hacerse cargo de la situación que vive toda Cantabria, pondrán a competir a los ayuntamientos -y a estos con sus vecinos y vecinas-, además de abrirle la puerta a los grandes fondos para que especulen con la vivienda”, continua Ruiz Salmón, en alusión a la ampliación a las personas jurídicas que podrán ser titulares de viviendas de uso turístico -hasta ahora sólo pueden serlo personas físicas-.

Ruiz Salmón, también concejal de Hacienda, Actividad Económica y Turismo en el Ayuntamiento de Riotuerto, ve “una vez más, cómo el Gobierno de Cantabria traslada su responsabilidad a las entidades locales sin recursos materiales ni humanos, como ya hizo en la crisis ganadera de la fiebre hemorrágica epizoótica, donde llegaron tarde y mal, o tras la modificación de la Ley del Suelo en la que trasladan la posibilidad de construir o no en suelo rústico a los ayuntamientos y, con ello, las tensiones en un ámbito donde todo el mundo se conoce”.

Ni moratoria, ni tasa turística, ni más inspección ni regulación de los portales web

“¿Para qué está la consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández, si no es para dar unas reglas del juego comunes u homologables entre municipios, estableciendo un marco claro y no el sálvese quien pueda?, pregunta Ruiz Salmón.

Desde IU recuerdan que “era y sigue siendo urgente” la aprobación de la moratoria para que durante la redacción del decreto y los primeros años de vigencia la gente de Cantabria y los pueblos y ciudades minimicen la tensión urbanística y demográfica que ya están sufriendo y que está significando movilizaciones aquí y en toda España. “Que no diga Fernández que no se puede porque ya se hizo en 2001 con la construcción de viviendas en la costa hasta que se aprobara el Plan de Ordenación del Litoral”, argumentan.

Tampoco incluye el decreto la tasa turística que permita dar suficiencia de recursos a las administraciones para soportar la presión en los servicios públicos cuando la población aumenta como consecuencia de las visitas a Cantabria, o más y mayores inspecciones y sanciones para hacer frente a las viviendas ilegales que, además de operar fuera de la ley, suponen una competencia desleal para quien sí actúa correctamente.

El decreto incluye la definición de “canal de oferta turística” pero es un término que no es utilizado a lo largo del decreto, lo que significa que las inmobiliarias y portales de vivienda no garantizarán una ratio mínima de oferta del 80% de viviendas para uso residencial, quedando el resto disponible para vivienda de uso turístico, tal y como pedían desde IU, recordando queen capitales europeas como París, Londres o Berlín ponen límites al número de días que se puede poner en alquiler vacacional.