El Partido Popular de Cantabria considera “bueno para la convivencia y sano para la democracia” derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática que los socialistas “impusieron” a toda la sociedad de Cantabria en 2021 “sin escuchar a nadie y sin dialogar con nadie”, y por ello creen que la proposición de ley registrada el pasado 4 de septiembre, que persigue precisamente su derogación, es “por encima de todo una iniciativa de higiene democrática”. 

“Lo más sano es derogarla, por cómo se hizo y también por lo que contiene”, añade el diputado regional y senador autonómico, Íñigo Fernández. En cuanto al procedimiento, recuerda que “se tramitó sin consenso, sin diálogo, sin que se admitiera ni una sola de las 160 enmiendas defendidas por la oposición: fue una imposición total y absoluta de Zuloaga”, sostiene. En cuanto al contenido, entiende que figuras como la Comisión de la Verdad, la imposición de un relato manipulado y con omisiones, el adoctrinamiento en las aulas, las subvenciones con dinero público a determinadas asociaciones o el establecimiento de distintas categorías de víctimas según su ideología no tienen manera de encajarse en un mínimo consenso social”.

“En una sociedad democrática del siglo XXI no puede existir una Comisión de la Verdad en la que cinco miembros nombrados por el Gobierno elaboren un relato de lo ocurrido hace 85 años y obliguen a toda la sociedad a comulgar con él, incluidos los investigadores; que imponga multas y sanciones a quienes defienden puntos de vista diferentes; que diseñe una asignatura para impartir en los colegios sin el concurso de los profesores; que establezca diferencias entre quienes sufrieron violencia y represión política en la II República y la Guerra Civil, distinguiendo entre víctimas de primera y de segunda según su adscripción ideológica… Eso es propio de una dictadura comunista, pero no de una sociedad europea y democrática”, sostiene Íñigo Fernández, diputado del PP en el Parlamento de Cantabria y senador autonómico. “Ya está bien de dividir a la sociedad y enfrentar a la gente todo el día, como si este país no tuviera problemas más serios y urgentes que abordar”. 

En su propuesta, el PP se compromete a mantener el apoyo del Gobierno de Cantabria a todos los procedimientos de localización o exhumación de restos que se soliciten por parte de familiares de las víctimas y, para ello, remite expresamente a lo regulado en la Ley de Patrimonio Histórico de Cantabria. “A nadie se le niega ese derecho. Por cierto, es este momento no hay ningún procedimiento abierto porque no hay ni una sola petición sobre la mesa”. En cuanto a la custodia del material documental, queda garantizada, como el propio textil recoge, mediante la remisión a lo dispuesto en la Ley de Cantabria de Archivos y Bibliotecas. “La documentación se va a proteger y los investigadores van a poder trabajar con una libertad que la ley les negaba, es decir, sin que nadie les diga cuál tiene que ser el resultado final de sus investigaciones”. 

Por último, Íñigo Fernández considera que “la derogación de esta norma va a suscitar mucho más consenso que su aprobación”, porque “se apoya en el sentido común y en el respeto a la convivencia y no en la imposición y el sectarismo” y sostiene asimismo que “España y Cantabria tienen hoy retos mucho más importantes que dedicar el debate político a que unos impongan a otros un relato de lo que ocurrió hace 85 años con el único fin de dividir y enfrentar a la sociedad”.