El diputado por Cantabria del Partido Popular, Félix de las Cuevas, destacó la aprobación en la Comisión de Industria del Congreso, con los votos en contra de PSOE y Sumar, de la iniciativa de su grupo parlamentario que insta al Gobierno de España a dedicar el 25% de los ingresos de CO2 para que las empresas electrointensivas dispongan de un precio estable y competitivo.

De las Cuevas dijo que "es de celebrar que esta iniciativa haya salido adelante", pero a renglón seguido añadió que "también es una decepción ver que el PSOE vota en contra de unas ayudas a las industrias electrointensivas tan importantes para Cantabria y que, además, aportan empleo de calidad a muchos cántabros".

Al respecto, puso como ejemplo a empresas como Global Steel Wire, Ferroatlántica, Forgings and Castings, Bondalti, Sidenor o la calorintensiva Solvay, entre otras, y alertó de que "no apoyar a estas industrias, es correr un grave riesgo de deslocalización de las mismas".

También mostró su sorpresa por el hecho de que, en la reciente reunión con el consejero de Industria, Eduardo Arasti, la ministra para la Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, asumiera la necesidad de mejorar las ayudas, con especial atención a las bonificaciones por emisiones de CO2.

"Resulta incomprensible, aunque ya nos podemos esperar cualquier cosa, que la ministra apueste por mejorar las ayudas y el Grupo Socialista vote en contra. O la ministra ha faltado a la verdad y no tiene ningún interés por estas empresas o no hay coordinación", apostilló.

Además, el parlamentario cántabro del PP denunció que el Gobierno discrimina al sector y que “la política industrial ha ido de más a menos, lo cual es francamente preocupante”. “La política energética de este país es un ‘no’ al empleo, a la captación de inversiones y a la competitividad de nuestras empresas”

De las Cuevas recordó que el precio final que asume esta industria en España es tres veces superior al de Francia o Alemania y criticó la "incapacidad del Gobierno para establecer un precio estable y competitivo tres años después de aprobarse el Decreto sobre el Estatuto de consumidores".

La iniciativa planteada por el PP reclama también al Ejecutivo central aprobar, con carácter inmediato, un marco de suministro eléctrico competitivo, estable y predecible para dicha industria, así como modificar el Estatuto de los consumidores para que las empresas españolas compitan en igualdad de condiciones que las europeas.

También propone mecanismos para reducir el precio eléctrico de la industria, mantener de manera permanente la bonificación de peajes del 80 % y activar las subastas de energía de fuentes renovables específicas.