El Partido Regionalista de Cantabria defenderá en los ayuntamientos un desarrollo “sostenible y ordenado” del mundo rural, especialmente, de los municipios en riesgo de despoblamiento.

Así se recoge en la moción que los regionalistas llevarán a los plenos municipales, con el objetivo de alcanzar el máximo consenso para sacar adelante la Ley del Suelo que se encuentra actualmente en tramitación en el Parlamento de Cantabria.

La secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, ha sostenido que “el enfrentamiento no tiene sentido cuando lo que se pretende es ordenar y evitar desarrollos como los producidos en los años 90” del siglo pasado.

En este sentido, ha reiterado el respaldo del PRC a que se pueda construir vivienda unifamiliar en suelo rústico “pero donde sea razonale” y siguiendo una serie de “limitaciones, muy similares a la regulación actual” tales como tipología o materiales de construcción, y con “todas las cautelas medioambientales”.

Fernández Viaña ha recordado que la modificación introducida en 2012 a la Ley de 2001 ha permitido la concesión de 1.425 autorizaciones en suelo rústico. “Ha supuesto la dinamización de muchos municipios porque el 30% de estas autorizaciones se corresponden a cambios de uso para la implantación de talleres o pequeños negocios”, ha subrayado.

Sin embargo, últimamente se está volviendo a recibir un número importante de solicitudes en zonas costeras alejadas de la Cantabria rural.

Para los regionalistas, hay que ordenar el urbanismo para evitar periurbanizaciones continuas en zonas costeras y de la Bahía de Santander “que destrozan el territorio e impiden un crecimiento equilibrado” además de ocasionar “un elevado coste” de algunos servicios como la recogida de basuras.

Pero además hay que apostar por el desarrollo “sostenible” de los municipios, por lo que los regionalistas, tanto en la Ley como en las enmiendas presentadas al documento, buscan “acuerdos” para la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico. “Buscamos los acuerdos para determinar las zonas, incorporar las áreas de desarrollo rural a los núcleos pequeños, de escasas viviendas, de tal forma que su régimen sea similar al de los pequeños municipios”, ha apuntado Fernández Viaña. 

Al hilo, ha explicado que, en las enmiendas presentadas, “no se establece ninguna limitación temporal” en los municipios en riesgo de despoblamiento, al tiempo que mejorar su regulación “al no exigir los 2.000 metros cuadrados de parcela” y permitir la edificación “con la parcela existente”.

Además, la medida se extiende a todos los municipios durante un periodo de dos años para que los ayuntamientos adapten sus planeamientos a los crecimientos ordenados que prevé la ley y puedan delimitar las Áreas de Crecimiento Controlado y la que realice otro instrumento de ordenación territorial, como es el PROT, tal como entiende el Partido Popular que lo mantiene en los mismos términos pero con una duración de cinco años en lugar de dos.

“Si fue un disparate, un fraude o un apaño el PP no lo mantendría como propone”, ha sostenido la secretaria de Organización del PRC.

Igualmente, el texto sitúa el ámbito de crecimiento próximo al suelo urbano en 100 metros mientras que el número de viviendas a construir será del 50% del núcleo existente.

Además recoge que los denominados núcleos rurales pasen a considerarse suelo rústico para “posibilitar su crecimiento tradicional”  e incorpora una tasa por la construcción de este tipo de viviendas, de entre un 3 y un 5 por ciento del valor de la obra. “Los ayuntamientos tienen que tener ingresos para poder incrementar sus dotaciones y equipamientos y servicios”, ha dicho.

“El objetivo de la ley y de las enmiendas es permitir la construcción en suelo rústico, regulándola y dando mayor flexibilidad a los pequeños núcleos y municipios, sobre todo a aquellos en riesgo de despoblamiento y preservando para el futuro aquellos terrenos que los ayuntamientos decidan que pueden crecer como suelos urbanizables, para no hipotecar su futuro”, ha concluido Fernández Viaña.