El Grupo Regionalista ha presentado una batería de iniciativas en el Parlamento para que el Gobierno dé explicaciones sobre su cambio de criterio respecto a la estrategia digital en los colegios de Cantabria y la paralización del reparto de las 3.263 pizarras digitales dirigidas a 273 centros educativos y financiadas con una inversión de 9,5 millones de euros procedente de fondos europeos.

La diputada y portavoz del PRC en materia educativa, Teresa Noceda, ha promovido estas iniciativas al considerar que la decisión de la Consejería de Educación de prohibir el uso de dispositivos móviles en los centros educativos para proteger la salud de niños y adolescentes “choca” con el criterio de colectivos “tan solventes” como la Asociación Española de Pediatría, que acaba de hacer pública su postura en la materia y ha recordado que los estudios científicos “no han demostrado por el momento que las prohibiciones indiscriminadas en el uso de los dispositivos móviles supongan un beneficio para la salud”. Por el contrario, considera que instaurar tal prohibición puede conducir a que las familias y las instituciones no hagan hincapié en otros factores imprescindibles para formar a los menores en el uso de la tecnología.

En este sentido, Noceda ha defendido que la clave para evitar los efectos nocivos del uso de dispositivos móviles para la salud es “la educación, mejor que la prohibición”, lo cual conlleva un esfuerzo conjunto de las familias, los educadores, las instituciones, las empresas tecnológicas y el conjunto de la sociedad para “establecer los límites y promover las buenas prácticas necesarias”.

Asimismo, ha expresado su “confianza absoluta” en la capacidad del profesorado cántabro para gestionar el uso de la tecnología en las aulas “con las cautelas y límites necesarios” y “sin poner en riesgo en ningún momento la salud del alumnado”.

En consecuencia, ha puesto en duda la conveniencia de privar a los centros públicos de Cantabria de unos dispositivos con los que “ya contaban” y que, además, en la mayoría de los casos “vienen a sustituir a otros similares, ya obsoletos”, al tiempo que ha considerado “controvertida” y “de legalidad dudosa” la alternativa de desviarlos a colegios concertados.

Por ello y para que el Gobierno ofrezca explicaciones, la diputada regionalista ha presentado una interpelación, que será abordada en el pleno del próximo 11 de diciembre, y una serie de preguntas para las que pide respuesta por escrito sobre el cambio de criterio de la Consejería respecto a las pantallas digitales, los informes científicos en los que basa tal decisión, la forma en la que piensa cubrir las necesidades de las aulas que se verán afectadas y la justificación prevista para evitar el riesgo de perder los fondos europeos invertidos en las pizarras, al no respetar los criterios establecidos para su asignación.

En este sentido y dado que una de las condiciones para que los centros concertados puedan beneficiarse del reparto es que cuenten con un mínimo del 30% de alumnado vulnerable, pregunta cuántos colegios cumplen ese requisito en Cantabria, cómo está previsto prestarles el servicio de mantenimiento de los dispositivos, qué figura jurídica y administrativa ampara la asignación de estos recursos a dichos centros y cómo se realizará la auditoría de la asignación.

Finalmente, Teresa Noceda pide una relación detallada de los centros y ciclos educativos que a día de hoy disponen de pizarra digital en Cantabria.