La Plataforma Salvar Torrelavega ha presentado más de una decena de alegaciones contra la propuesta de ordenanza que pretende regular el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al no ir ligada a ninguna medida facilitadora de la movilidad urbana, como la creación de suficientes plazas de aparcamientos disuasorios; no recoger las particularidades del municipio en materia de buena calidad ambiental; el excesivo carácter recaudatorio de la misma y no incluye del preceptivo análisis de impacto económico y social.

El documento de alegaciones fue registrado ayer jueves antes de que finalice el plazo de exposición pública de la propuesta de ordenanza, y se pondrá a disposición de comerciantes, empresarios, profesionales, autónomos, trabajadores y ciudadanos en general por si quieren registrarlas a su nombre o que les sirvan de base para elaborar las suyas propias.

Entre las alegaciones se incluyen varias relacionadas con las deficiencias técnicas observadas en el texto de la propia ordenanza como en la propuesta de delimitación de la zonas de bajas emisiones, entre ellas la falta de rigor y las irregularidades detectadas en el preceptivo estudio del tráfico, en el relativo a la caracterización de la contaminación atmosférica y las emisiones de ruidos, entre otras.

El portavoz de la Plataforma, Angel Herreros, ha explicado que la propuesta de ordenanza está “viciada en origen” hasta que sean resueltos los contenidos de las alegaciones presentadas a la delimitación de la ZBE, ya que  la ordenanza está directamente basada en la memoria y el proyecto redactado por la empresa catalana DOYMO por encargo del Ayuntamiento.

A su juicio, uno de los aspectos más destacados es que se revela en la características técnicas de las nueve cámara adquiridas y previstas para controlar los accesos a la ZBE es que son además radares para multar los excesos de velocidad en las calles instaladas donde ésta está situada entre los 20 y los 30 kilómetros por hora.

También las alegaciones ponen de manifiesto el "desprecio" que demuestra el Ayuntamiento hacia los ciudadanos y visitantes, al prever multar los 365 días al año, 24 horas al día, cuando el estudio preliminar de DOYMO planteaba como más que suficiente sancionar de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas.

Para Herreros, esta circunstancia prueba el "ansia y el objetivo recaudatorio" de la ordenanza, ya que además prevé penalizar a los reincidentes con un recargo del 30 % añadido a la inicial multa de 200 euros por acceder de forma no autorizada a la ZBE, pues incluso está prevista otra multa de 200 euros si los vehículos aparcan en la zona restringida.

Por ello, el portavoz de la Plataforma resalta que las alegaciones de Salvar Torrelavega proponen que en ningún caso se multe mientras no estén terminados las obras de los dos parking y el soterramiento ferroviario, dado el caos que se provocará en la ciudad por la pérdida de plazas de estacionamiento, lo que disuadirá a visitantes y compradores de acceder a Torrelavega.

 Importante irregularidad al medir el tráfico

Uno de las aspectos de las alegaciones hace mención a la "importante irregularidad" que se ha detectado, consistente en que los datos de aforo de vehículos utilizado para la delimitación de la ZBE se han hecho en calles que no están afectadas por las restricciones y tampoco incluyen los fines de semana, lo que para Herreros "invalidaría" la ordenanza.

Similar situación se produciría en las mediciones de la contaminación acústica, que se han hecho en calles de Torrelavega que no están afectadas por la delimitación de la ZBE, lo que vulneraría "de manera muy severa" el contenido del Real Decreto que establece las zonas de bajas emisiones.