El Partido Popular ha alertado y expresado su preocupación por el retraso en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos y sobre las consecuencias que esta demora puede tener para los más de 100 afectados por sentencias de derribo que, según han señalado desde el PP, se encuentran "en vilo", puesto que sin un nuevo plan "no se les ofrece ninguna salida".

Así lo han asegurado hoy, en rueda de prensa, los portavoces del PP en el Parlamento regional y en el Ayuntamiento de Piélagos, Iñigo Fernández y Carlos Caramés, respectivamente, quienes han indicado que, en el punto en que se encuentra la tramitación, "la responsabilidad se halla en manos de la alcaldesa", Verónica Samperio (PSOE), quien mantiene el plan "atascado" y, tanto ella como el equipo de gobierno, compuesto por PSOE, PRC y ADVI, responden con "evasivas" cuando se les pregunta qué está pasando.

En este sentido han subrayado que, pese a disponer de la memoria ambiental desde hace dos años y medio, "aún no se ha llevado a pleno para su aprobación provisional" y posterior remisión a la CROTU para la aprobación definitiva. Sin embargo, han añadido, lo que se ha hecho ha sido contratar a una empresa para la demolición de 22 viviendas en Cerrias y 20 en Entrelindes.

Para los representantes del Partido Popular, el hecho de que la responsabilidad de lo que está sucediendo recaiga sobre el equipo de gobierno de Piélagos no significa que desde la Consejería de Urbanismo no deba existir una "tutela" en cuanto a lo que se está haciendo por parte del Ayuntamiento.

Por ello, Iñigo Fernández preguntará en el Parlamento al consejero de Urbanismo sobre cuáles son los motivos que han dado lugar a que la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos acumule semejante retraso respecto a lo anunciado en su día por el consejero; qué responsabilidad tiene el Gobierno de Cantabria en el retraso de la tramitación del nuevo plan; si el Ejecutivo y el Ayuntamiento trabajan en la aprobación del nuevo planeamiento, y sobre qué consecuencias tiene para la situación de las viviendas sometidas a ejecución de sentencias de derribo el retraso en la aprobación del nuevo plan.

Por su parte, Carlos Caramés ha anunciado que el Grupo Popular de Piélagos y el representante de Ciudadanos han solicitado una reunión al consejero José Luis Gochicoa para saber en qué situación se encuentra la tramitación.

Desde el PP han aprovechado para comparar lo que está pasando en Piélagos con lo ocurrido en otros municipios como Argoños o Arnuero, en donde, bien a tavés de un nuevo plan o la construcción de nuevas viviendas, se están dando pasos para dar solución a los afectados por las sentencias de derribo.

En Piélagos son 80 viviendas en total de las que, al menos, 63 se encuentran en una situación parecida a las de Argoños. Por ello desde el PP se pide a la alcaldesa que "siga la misma hoja de ruta" que el citado municipio.

De lo contrario, si el plan sigue sin aprobarse y, en consecuencia, no hay soluciones para los derribos, no solo perjudicaría a las 100 familias de Piélagos, sino que también, según Iñigo Fernández, lo haría "al Ayuntamiento que tiene que hacer frente a las indemnizaciones, perjudica al Gobierno de Cantabria que tiene que hacer frente a la mitad de la indemnización, lo que significa un golpe para las arcas de Cantabria".

Carlos Caramés ha exigido a la alcaldesa que se lleve a tramitación el plan para su aprobación provisional y posterior remisión a la CROTU para la definitiva, porque desde el PP creen que es posible que se dé solución a los derribos durante esta legislatura.