El Partido Popular ha reiterado la necesidad de definir un plan para que los terrenos de Sniace sigan siendo suelo productivo que atraiga y albergue proyectos industriales y así se lo pedirá al Gobierno de Cantabria a través de una moción en el pleno del Parlamento del lunes 20 de junio.

Esta iniciativa, que deriva de la interpelación formulada en la última sesión plenaria por la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, al consejero de Industria respecto al suelo de la factoría química torrelaveguense, persigue que el Gobierno de Cantabria lidere la salida a la situación de Sniace para evitar que se inicie un proceso especulativo con sus terrenos, después de que los administradores concursales rechazasen la única oferta que recibieron para adquirir la totalidad de la unidad productiva de la factoría y diesen inicio a la venta de la empresa por lotes, de acuerdo con el plan de liquidación acordado por el Juzgado de lo Mercantil.

Desde el PP instan además al Gobierno PRC-PSOE a realizar todas las actuaciones necesarias para atraer inversión nueva, favorecer la implicación y cooperación del Gobierno central si fuera necesaria e impulsar proyectos estratégicos con cargo a los fondos europeos.

Y es que, según recuerdan, no se conoce ni una sola actuación de la coalición de regionalistas y socialistas para tratar de dar viabilidad a Sniace y a su suelo productivo salvo declaraciones de buenas intenciones y titulares en los medios de comunicación; más bien al contrario, le dieron el golpe de gracia con una sanción de 37 millones de euros por emisiones de dióxido de carbono, ratificada por el Consejo de Gobierno el pasado 5 de mayo.

A juicio de los populares, con su pasividad e inacción, PRC y PSOE, que se manifestaban contra el Partido Popular y reventaban los plenos cuando en 2013 había dificultades con Sniace, son los responsables políticos directos de la muerte de Sniace.

El Gobierno de Cantabria no puede consentir sin inmutarse el cierre de una empresa emblemática de la que vivían cientos de familias de la región, porque las consecuencias socioeconómicas son dramáticas y Torrelavega no podría soportarlo.