El secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha asegurado que “el PP desatiende los intereses de Cantabria continuamente, esta vez el Gobierno de Cantabria ha dejado pasar los plazos para reclamar, vía judicial, los más de 37 millones de euros de multa que adeudaba Sniace a la comunidad autónoma por la emisión de gases contaminantes en el año 2020”.

Así se ha manifestado Zuloaga en una atención a medios de comunicación en la que ha estado acompañado por el secretario general del PSOE de Torrelavega, José Luis Urraca y otros concejales y concejalas socialistas en el ayuntamiento de ese municipio.

El líder de los socialistas cántabros ha reiterado que es “intolerable que el Gobierno de Buruaga deje de lado los intereses de los cántabros y las cántabras, y en esta ocasión los de Torrelavega”.

A su juicio, “que Buruaga no recurra esta sentencia judicial es desatender los intereses de Cantabria”.

Asimismo, ha afirmado que “somos conscientes de la situación que vive Sniace, y que ganar una sentencia no significaría cobrar esa sanción, pero desistir de recurrir es dejar de lado los intereses de Cantabria”.

Por ello, ha anunciado, “las y los socialistas iniciamos un debate en el Parlamento de Cantabria, a través de una Proposición No de Ley, para que el Gobierno regional se comprometa a trabajar y a defender los intereses de nuestra tierra en cada uno de los procesos judiciales, llevándolos a término, para que cada una de las sanciones que plantean las instituciones se conviertan en recursos públicos para financiar los servicios públicos de nuestra comunidad”.

La Proposición No de Ley de los socialistas

Tal y como se lee en el textode la Proposición de Ley, los gases de efecto invernadero son una de las principales preocupaciones medioambientales y uno de los principales responsables del cambio climático del que empezamos a sufrir las consecuencias. Cualquier texto científico, con un mínimo de rigor, establece que son un problema tan grave como real.

Un problema que, para intentar encontrar una solución, al margen de los costosos y necesarios procesos de modernización y descabonización, supusiera un paliativo y una forma de desincentivar este tipo contaminación: Se establecieron derechos de emisión; un derecho subjetivo de las empresas a emitir determinadas cantidades de dióxido de carbono.

Estos derechos de emisión, cuantificables, suponían los máximos de producción de gases de efecto invernadero que podían producir las empresas. Unos derechos de emisión que podían llegar a venderse en caso de que la empresa produjera menos contaminación de la establecida, pero que se basaban en un principio lógico y sencillo: quien contamina paga.

Esto es lo que ocurrió, en 2020, con la empresa SNIACE en Torrelavega. Una empresa que no entregó la cuantificación de sus derechos de emisión de este año, que debían haber sido iguales a los del año 2019.

Una situación que, como es lógico, derivó en una multa interpuesta por el Gobierno de Cantabria, por valor de 37,2 millones de euros a la que la empresa debería haber hecho frente.

Si bien es cierto que existe una estimación parcial, por parte de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la vía judicial seguía abierta para el Gobierno a fin de que la empresa pagase la multa establecida. Una vía a la que ha renunciado al no interponer un recurso contra esta estimación parcial, renunciando así a cualquier cobro de dicha multa.

Una decisión que no genera ningún tipo de beneficio a la Comunidad Autónoma de Cantabria sino, más bien, todo lo contrario: La renuncia a un ingreso público por unos derechos de contaminación que nos han afectado a todos y todas.