El Grupo Municipal de Torrelavega Sí avisa de que la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal supondrá a nuestra ciudad un desembolso de, al menos, 400.000 euros.

Una inversión exigida únicamente en la intervención para adecuar el acceso al matadero comarcal a las exigencias a las que obliga esta norma.

Esta obra, atendiendo al calendario legislativo que sigue dicha ley, debería de estar concluida antes de abril del próximo año.

Apunta Torrelavega Sí que, tal y como se infiere del texto de la Ley de Bienestar Animal, el acceso al matadero comarcal deberá de ser objeto de una importante actuación ya que, según se desprende de la citada norma, el ganado que va a ser sacrificado no puede llegar a la instalación por el mismo camino que siguen los vehículos que ya han realizado la descarga de los animales, que es lo que sucede en la actualidad.

Sin querer entrar en las razones que llevan al legislador a impedir este cruce de animales vivos con vehículos vacíos, o que unos u otros aguarden los escasísimos minutos que llevaría dar la vuelta a uno de aquellos vehículos en el espacio ya habilitado a tal efecto, este partido recuerda que la ley hay que cumplirla.

Por lo tanto, antes del mes de abril estos trabajos deberán de estar realizados y el ayuntamiento deberá de abonar 400.000 euros que incluyen las obras de habilitación del nuevo carril así como la adquisición de los terrenos necesarios para su adecuación y el derribo de una nave fuera de uso.

Para Torrelavega Sí, todo este asunto que, coste aparte, pudiera parecer que tiene algo de frívolo, resulta en extremo peligros, ya que este partido recuerda que en el momento que la instalación municipal presente un saldo deficitario estará abocada a su cierre, privando a la ciudad a una de sus infraestructuras que impulsan su carácter de capitalidad comarcal.

Es por ello que en la próxima CI de Obras Públicas, el portavoz de Torrelavega Sí, Arturo Roiz preguntara al titular de área por cual es el estado de estos trabajos, no sea que además allá que incluir la correspondiente multa por incumplimiento de plazos.