La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández, ha valorado de forma positiva la creación de un registro único que permita armonizar la recogida e intercambio de datos de las viviendas de uso turístico a nivel nacional.

Fernández ha señalado que las nuevas normas contempladas en la propuesta de Reglamento del Parlamento y el Consejo Europeos, con el que se busca aumentar la transparencia en los alquileres de corta duración, constituyen una herramienta imprescindible para "evitar el anuncio de viviendas ilegales y luchar contra el intrusismo".

Así lo ha afirmado la consejera, tras la reunión que ha mantenido hoy, por videoconferencia, con la secretaria de Estado de Turismo, Susana Morillo, y sus homólogos del resto de comunidades autónomas.

Fernández ha señalado, en este sentido, que los objetivos del Reglamento están en la línea en la que trabaja el Gobierno de Cantabria para la regulación de las viviendas de uso turístico a través del nuevo decreto que está redactando la Consejería de Turismo.

La titular de este departamento ha explicado que se creará un grupo de trabajo  para recabar las opiniones y aportaciones de las comunidades autónomas con el objeto de armonizar la forma de recogida e intercambio de datos y consensuar posturas.   

Para Fernández, este registro pondrá freno a los problemas de base que plantean este tipo de viviendas a las poblaciones locales y al propio sector. "Las viviendas ilegales no pueden anunciarse en plataformas", ha subrayado, al tiempo que ha apuntado a la necesidad de cumplir unas normas que no solo permitan la identificación y la actividad de los anfitriones de este tipo de alojamientos, sino también que ayuden a garantizar la seguridad en los destinos y un desarrollo equilibrado de este tipo de alojamiento.

Las normas propuestas para mejorar la transparencia y gestión de los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración en la UE facilitan ese mayor control al  obligar a las plataformas a mostrar los números de registro y compartir datos específicos con las autoridades. De esta forma, las administraciones públicas europeas compartirán, a su vez, los datos generados, que se incorporarán a las estadísticas sobre turismo y permitirán así un mejor seguimiento sobre la oferta ilegal.