El Partido Popular de Cantabria ha presentado una serie de iniciativas en el Parlamento de Cantabria para promover una solución al problema de la ocupación de viviendas de manera ilegal, que en Cantabria afecta a numerosos municipios. En concreto, se trata de una moción, que defenderá en el pleno del próximo lunes, y de una batería de preguntas a la consejera de Empleo y Políticas Sociales en la comisión parlamentaria correspondiente. A juicio de Íñigo Fernández, “difícilmente puede resolverse un problema si no tenemos conciencia de que es un problema, si no tenemos los datos ni ningún estudio sobre su incidencia”. De ahí la presentación de estas iniciativas por parte del PP en el Parlamento de Cantabria.

En una rueda de prensa en la que ha dado a conocer estas iniciativas, el portavoz parlamentario del PP ha advertido de que la consejera Eugenia Gómez de Diego “no tiene ni idea de lo que hay, no se ha molestado en enterarse y eso le permite decir que a juicio de ella la ocupación ilegal de viviendas no representa un problema”. “A juicio de ella no hay un problema, pero sí lo hay para quienes son dueños de una vivienda ocupada”, ha dicho Fernández para quien, en este tema, como en otros tantos, el Gobierno de Cantabria y su presidente vive ajeno a la realidad y en su mundo, no en la búsqueda de soluciones a las necesidades de la gente.

Iñigo Fernández ha dicho que no puede ser que las leyes de este país protejan a quien ocupa una vivienda ilegalmente frente al propietario y frente a los vecinos y es el propósito del PP cambiar esta situación, porque “consideramos una enorme injusticia que quien ocupa lo que no es suyo y utiliza aquello de lo que no es dueño, privando de ello a sus auténticos propietarios, sea favorecido por las leyes y juegue con ventaja respecto a los demás”. “Esto es lo que tienen los pactos de Sánchez, que pagamos todos”, ha opinado Fernández.

En la moción, el Grupo Popular pide instar al Gobierno de España y a la Cortes Generales a promover los cambios pertinentes en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de ejecutar el desalojo inmediato de los okupas en un plazo máximo de 24 horas; endurecer las penas recogidas en el Código Penal tanto para la usurpación como para el allanamiento de viviendas por parte de los okupas; suprimir la referencia a morada o domicilio que, en la práctica, ampara y protege frente a la autoridad a quienes protagonizan actos de ocupación ilegal de viviendas; y permitir promover y personarse en los procedimientos, no sólo a los propietarios, sino también a los presidentes de las comunidades de propietarios.

Asimismo, reclama  que se tengan en cuenta las iniciativas propuestas por las plataformas integradas en la Coordinadora ‘Fuera Okupas Cantabria’, y en especial la elaboración de un mapa de la ocupación ilegal de viviendas en Cantabria y la creación del Observatorio de la Okupación en Cantabria. E insta a la Consejería de Empleo y Políticas Sociales a constituir una oficina de información, asesoramiento y apoyo a los propietarios afectados por la ocupación ilegal de viviendas en la región y a los integrantes de las comunidades de propietarios afectadas por este problema.

PREGUNTAS PARLAMENTARIAS

Por otra parte, el Grupo Popular ha registrado una batería de preguntas para que la consejera dé cuenta en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales del motivo por el que no ofreció los datos concretos de ocupaciones ilegales de viviendas en Cantabria cuando le fueron requeridos en la última sesión plenaria y si dispone de los mismos.

De ser así, el PP quiere conocer cuántas ocupaciones ilegales de viviendas se produjeron en Cantabria y cuál fue la distribución por municipios en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 y qué actuaciones concretas impulsó el Gobierno de Cantabria frente a esos episodios de ocupación.